Cortes de luz: investigan la denuncia del Gobierno contra dos empresas y la Ciudad

El juez federal Luis Rodríguez quedó a cargo de la investigación originada en la denuncia presentada por el subsecretario Legal y Técnico del Ministerio de Planificación, Rafael Llorens, por los cortes de luz que afectan desde el martes a distintos varios porteños.
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Las empresas denunciadas son Telmex, e Ibercom Multicom SA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los supuestos delitos de “entorpecimiento de servicios públicos” y “abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

De acuerdo a los procedimientos judiciales, el juez le pedirá la opinión a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar investigación y ordenar medidas de prueba para determinar la responsabilidad de los denunciados.

El Ministerio de Planificación indicó en un comunicado que la denuncia se realiza “por expresas instrucciones del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido” y “contra los Directivos de la empresa Telmex S.A, los Directivos de la empresa Ibercom Multicom S.A. y los funcionarios responsables del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos contemplados en el Título VII: Delitos contra la Seguridad Pública”.

Fuentes judiciales confirmaron que se pidió al juez que “se determine sus autores y responsables que hayan participado de alguno de los ilícitos denunciados en perjuicio de todos los usuarios del servicio público de energía eléctrica, que se vieran afectados por el corte general ocurrido el 13 de octubre” en los barrios de Recoleta, Palermo y Barrio Norte.

Respecto de los directivos de la empresa Telmex S.A. como responsables directos de la obra, correspondería, según la denuncia, su imputación “por su accionar imprudente y/o negligente al no controlar a su personal dependiente y/o al personal de la contratista, en este caso, Ibercom Multicom S.A. A esta última, sus titulares y personal a cargo por su obrar negligente y/o por su impericia que directamente causaron el daño en las redes de alta tensión y el consecuente corte de suministro. Ello sin perjuicio que su conducta podría ser encuadrada como dolo eventual en virtud de los hechos expuestos precedentemente”.

En la denuncia se consigna que “los funcionarios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al autorizar la ejecución de la obra, no solo tenían el deber de proporcionar la información adecuada para evitar cualquier incidente, sino que no podía ser ajena la existencia del tendido de la red eléctrica en el área de influencia de la obra, por lo que debían haber extremado los recaudos que correspondieran y por su obligación, efectuar los controles necesarios en la ejecución de la misma”.

“Al respecto se aprecia una total ausencia de supervisión y control en la ejecución de la obra lo que desencadenara en la ocurrencia de los hechos aquí expuestos y como consecuencia de ello, los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resultarían responsables por la omisión en el ejercicio del poder de policía y control lo que determina su responsabilidad ‘in vigilando’ de la obra”, reza la denuncia.

“La gravedad de la conducta omisiva de los agentes gubernamentales trajo como consecuencia inmediata la afectación de miles de usuarios del servicio público de energía eléctrica aquejados por el corte y cuantiosas pérdidas derivadas de los trabajos de reparación de las averías”, según se consignó en la presentación.

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