Sala de 3 obligatoria: deberán incorporar a 180 mil chicos

El presidente Mauricio Macri anunció esta semana que enviará al Congreso un proyecto de ley para hacer obligatoria la sala de 3 años. La iniciativa, consensuada en febrero entre el ministro Esteban Bullrich y los 24 ministros provinciales reunidos en el Consejo Federal de Educación, obligará al Estado a incorporar a más de 180 mil chicos de 3 años que hoy están fuera del sistema educativo.
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Solo asisten al jardín 6 de cada 10 chicos de 3 años, según cálculos realizados a partir de los últimos datos de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, de 2014. Actualmente hay 281 mil alumnos en esa sala.

Existen enormes brechas entre provincias: Tucumán, Misiones y Formosa tienen tasas de cobertura 4 veces más bajas que la de Ciudad de Buenos Aires, donde aún faltan miles de vacantes. Así lo evidenció en los últimos años la inscripción online, pese a que la Constitución porteña garantiza el derecho a la educación desde los 45 días. En la región, solo México, Perú y Venezuela tienen sala de 3 obligatoria.

El año pasado entró en vigencia la Ley 27.045, impulsada por el Gobierno anterior, que estableció la obligatoriedad de la sala de 4 y la necesidad de “universalizar” la sala de 3. La Declaración de Purmamarca, firmada por los 25 ministros de Educación en febrero, da un paso más: habla de avanzar “en la obligatoriedad de todo el nivel inicial a partir de los 3 años”. Para garantizarlo, el ministro Bullrich se comprometió a construir 3.000 jardines de infantes.

“Cuando se propuso la obligatoriedad de sala de 4, el 82% de los niños ya estaban incorporados al nivel. Si bien implicaba mayores erogaciones económicas, era un presupuesto que las provincias podían absorber –advierte Ana Malajovich, especialista en educación inicial de la UBA–. En el caso de los niños de 3 años, la situación es diferente: poco más de la mitad de la población concurre a estas instituciones. Esto implicará muchísimos recursos para la mayoría de las provincias”.

“La obligatoriedad es importante porque obliga al Estado a definir un financiamiento para la educación infantil, que permita construir salas y contratar maestros. Y porque hace que el derecho sea exigible para los ciudadanos”, plantea Mercedes Mayol Lasalle, de la Organización Mundial para la Educación Preescolar.

Pero no alcanza con la ley: aunque es obligatorio, el 16% de los chicos de 4 años no van al jardín. En Capital la cobertura es 95%, mientras que en Formosa y Tucumán ronda el 60%. Incluso en sala de 5, obligatoria desde hace 10 años, aún quedan 25 mil chicos fuera del sistema, señala Mayol Lasalle, y agrega: “La obligatoriedad debe complementarse con otras políticas que garanticen alimentación, salud, vestimenta, condiciones habitacionales, etc.”.

El jardín de infantes es el nivel más desigual del sistema educativo por al menos tres motivos. El primero: el mayor peso del sector privado (a menor edad, mayor proporción de privatización, lo que deja fuera a quienes no pueden pagar). El segundo: las diferencias de cobertura en las provincias. El tercero es la calidad del servicio: algunas instituciones solo ofrecen “cuidado” y no “educación” (ver Cuidadores…).

“La obligatoriedad de sala de 3 es una medida igualadora, siempre y cuando haya un esfuerzo financiero del gobierno nacional y las provincias para garantizarla”, señala Eleonor Faur, investigadora del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Faur confía en que la medida permita “salir de la dicotomía actual entre jardines pobres para chicos pobres, y jardines de calidad para chicos de clase media y alta”, una división que se traduce en instituciones que cuidan (los centros de primera infancia) y otras que educan (los jardines de educación infantil). La especialista advierte que en el nivel inicial aún persiste “la deuda de ampliar la jornada completa”, que sería clave para muchas familias.

Desde otro punto de vista, Patricia Redondo, experta en primera infancia de la UNLP, relativiza el anuncio oficial: “Las prioridades actuales no pasan por seguir avanzando sobre la obligatoriedad, sino por cumplir las legislaciones vigentes, en particular la ley de obligatoriedad de 4 años y la de regulación de las instituciones que brindan educación y cuidado a la primera infancia, sancionada en 2015, que aún no se cumple”.

“Que el presidente anuncie avanzar sobre la obligatoriedad desde edades más tempranas aún sin cumplimentar las etapas anteriores y regular todo el campo de la educación infantil en la Argentina evidencia un profundo desconocimiento”, critica Redondo, para quien habría que empezar por “cumplir las leyes existentes de obligatoriedad y de universalización, todas vigentes”.

Con una posición intermedia, Malajovich sintetiza: “Abonamos la idea de que todos los niños puedan acceder a la educación inicial. Es su derecho y un deber del Estado. Pero, frente a la situación actual, nos parece difícil que podamos cumplir con ese derecho”. La especialista de la UBA espera que el anuncio “no quede solo en buenos propósitos”.

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Cuidadores o docentes: el debate llega al Senado

La Ley de Cuidados para la Primera Infancia, cuyo debate fue anticipado por Clarín el año pasado, ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Ahora la discusión será definida en el Senado. El proyecto busca universalizar el acceso a los servicios de cuidado para los chicos de 45 días hasta la edad de escolarización obligatoria. Algunos expertos y sindicatos como CTERA lo critican porque no apunta a la educación de los chicos, sino que apela a cuidadores en vez de docentes.

“Cuidar es atender la alimentación, la higiene, el sueño y algunas actividades motrices de los chicos. La educación es mucho más que eso; es un derecho que habilita el ejercicio de otros derechos –planteó Mercedes Mayol Lassalle, de OMEP–. Este avance del cuidado iría en contra de las leyes de protección infantil y de los modelos de los países desarrollados, donde la atención de la primera infancia pertenece al ámbito educativo”.

El proyecto que crea el Sistema Federal de Cuidados para la Primera Infancia fue elaborado por la diputada María del Carmen Bianchi (FPV) y apoyado por legisladores del massismo, UNEN y GEN. La idea de la ley es “crear un sistema institucional que integre las estructuras existentes y futuras, incluyendo las escuelas infantiles y los centros de primera infancia”, explicó Bianchi.

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